La lucha de la mujer trabajadora inmigrante: realidades y perspectivas

En este primero de mayo, fecha en la que se reivindica al movimiento obrero mundial, las circunstancias de este año nos llevan a generar reflexiones y visibilizar la realidad laboral productiva y reproductiva de nosotras las mujeres inmigrantes en Chile. El trabajo para nosotras no sólo proporciona las condiciones básicas de subsistencia, sino que además es imprescindible para garantizar nuestro reconocimiento y legalidad dentro del país que ahora habitamos.

Para indagar en el panorama general del trabajo de las mujeres inmigrantes en este contexto, es necesario analizar el papel que juega la estabilidad laboral en la posibilidad de regularizar la situación migratoria de la persona migrante: sin un trabajo estable, se hace casi imposible obtener la visa o renovarla, puesto que para esto se deben demostrar ingresos y un contrato laboral; y para un contrato laboral solicitan una visa estable, llevando a la población migrante a una encrucijada legal que incentiva el mercado laboral informal. A pesar de esto – o tal vez justamente en relación a esto- el Estado dificulta enormemente que se generen estos vínculos de estabilidad, o más bien, contribuye a la inestabilidad (recordemos que mantener un estatus de irregularidad de la población migrante permite grandes ganancias económicas, básicamente, porque permite e impulsa la explotación).

Para el gobierno actual la migración no es un derecho, lo que nos lleva a NO ser sujetes de derechos. Para el caso de les trabajadores migrantes, esto se refleja en no tener acceso a condiciones dignas de trabajo, ni mucho menos tener un salario justo. Además de esto, no existen canales eficientes que nos proporcionen con claridad información sobre nuestros derechos laborales –independiente de la situación administrativa–, que consideren por ejemplo idioma/ analfabetismo cibernético, formación sindical, entre otros.

El Estado promociona una inclusión laboral de los sectores migrantes que es falsa: no hay garantías de trabajo digno y las ofertas del Estado no consideran enfoques interculturales en sus dinámicas organizativas. Existen grandes dificultades para certificar oficios y/o validar estudios o experiencias laborales previas, lo que conlleva a una gran falta de aprovechamiento del conocimiento tanto profesional como técnico de nuestro sector, así como también lleva a la deslegitimación de nuestros saberes populares. Un ejemplo de ello es la situación de les profesionales migrantes de la salud en este contexto de emergencia sanitaria, quienes cuentan con la formación y experiencia pero no pueden ejercer por no presentar un examen de convalidación cuyo costo asciende los 2 millones de pesos y que además ha sido fuertemente cuestionado por organismos internacionales al incentivar la discriminación por nacionalidad.

Bajo este contexto, la población migrante se somete a una reiterada situación de violencia laboral, la cual es compleja de denunciar por el miedo que tienen las personas de nuestro sector a perder sus únicas posibilidades de ingresos para sustentarse. Esta violencia es sistemática, deliberada y además se agrava al agregarse el componente de género (si la persona migrante es una mujer). En un plano general las mujeres migrantes nos encontramos expuestas a diferentes niveles de abuso (explotación) laboral: jornadas más extensas, menor salario, irregularidades en la contratación, imposibilidad de conseguir un contrato o salir del trabajo precario e incluso situaciones de esclavitud disfrazada.

Con la crisis sanitaria se ha agudizado la xenofobia y el racismo, alimentados por los medios de comunicación que nos exponen como chivo expiatorio del mal manejo que ha hecho el Gobierno ante la situación del Covid-19. Hemos sido visibilizadas como la imagen de la Pandemia (por ejemplo: portada del Periódico La Segunda).

Las mujeres migrantes, que generalmente cumplimos dobles y triples jornadas laborales, incluyendo las labores domésticas, de cuidado y las organizativas (que no son remuneradas), nos vemos limitadas en la búsqueda del sustento económico, porque no tenemos redes ni recursos que nos permitan redistribuir nuestras responsabilidades, las cuales generalmente no coinciden (encontrándonos con situaciones de mujeres que no pueden salir a trabajar porque tienen que cuidar a les niñes), ya que el cuidado familiar es incompatible con nuestras actividades laborales por la dificultad de nuestras condiciones.

Otra cara del contexto actual es que mujeres han sido despedidas por negarse a exponerse a los contagios o por recorte de personal, cierre de los negocios. Muchas otras que, al no estar en el mercado laboral formal por no contar con los documentos vigentes –debido a que extranjería está tardando más de lo establecido en la gestión de las visas- no pueden acceder al seguro de cesantías e incluso a la canasta de alimentos para les hijes menores que estudian.

Actualmente muchas mujeres trabajadoras de casa particular se encuentran en situación de esclavitud disfrazada: bajo la excusa de “cuidarse de los contagios” se ven obligadas a mantenerse 24×7 en sus espacios de trabajo con amenaza de despido en caso de moverse del lugar, sin poder ver a sus familias ni desarrollar su cotidianidad.

Ante este panorama de crisis, hemos de expresar nuestras preocupaciones como mujeres migrantes trabajadoras, y extender las siguientes demandas:

 – Que se reajusten las fechas límites pautadas por extranjería para la realización de trámites migratorios.

– Jornadas extraordinarias de regularización que nos permitan acceder a las mínimas condiciones de seguridad laboral que garantiza el Estado Chileno (Regularización para que las personas que están irregulares puedan formalizar y contar con un documento de identidad en el país).

– Que se nos incluyan en las medidas económicas del Estado para la protección del pueblo, independiente de la situación administrativa y sobre todo garantizar la de las familias con hijes.

– Posibilidad de condonar la multa, pero también de evaluar los casos en que por malas gestiones por parte del DEM, les migrantes deben pagar para regularizar la situación migratoria, así como para salir del país en caso de haber entrado por pasos no habilitados (hay muchas trabajadoras que dadas las circunstancias necesitan regresar a sus países y no pueden hacerlo por no contar con recursos para pagar esta multa).

De cara al contexto actual y como organización feminista migrante, tenemos como desafío y perspectiva el actuar de manera conjunta entre mujeres migrantes trabajadoras, presionando al gobierno para que tome medidas que garanticen la dignidad y los derechos de los sectores migrantes. Así como también conformar y fortalecer cordones de solidaridad que permitan a las familias migrantes sobrellevar la situación de emergencia, desde un acompañamiento mutuo y apoyando las alternativas e iniciativas que nos permitan mejorar nuestras condiciones de vida y erradicar nuestra situación de vulnerabilidad. Las demandas de nuestros sectores migrantes y las acciones orientadas a combatir el racismo no se van a detener.

Seguiremos luchando por el reconocimiento de nuestras raíces, de nuestros saberes, culturas e historias, porque cada vez tenemos menos miedo, porque cada vez estamos más unidas nosotras las mujeres en la posibilidad de transformar nuestras condiciones para dignificarnos.

Seguiremos luchando por el derecho a ser lo que somos, ante la negación de nuestra importancia y existencia. Buscaremos la reivindicación de nuestros derechos como mujeres trabajadoras, así como también el reconocimiento y respeto de nuestras labores. En contra de todas las formas de explotación que sufren las mujeres trabajadoras inmigrantes.

Vamos a disputar el sentido político de esta crisis: ante la política de distanciamiento y confinamiento, nuestra política es la de vinculación social y solidaridad entre nuestros pueblos. Ante la lógica de precarización laboral y economía para la muerte, nuestra lógica es la de colaboración social, cooperativismo, organización y autogestión para garantizar la continuidad de la vida.

¡Arriba la lucha de las mujeres inmigrantes trabajadoras!

2020 - Ningún Ser Humano Es Ilegal
Es un proyecto llevado a cabo por la Secretaría de Mujeres Inmigrantes de Chile y de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile.